Postigo
José García Sánchez
A juzgar por las consecuencias sociales y políticas de la firma entre las cúpulas de todos los partidos políticos aquel 2 de diciembre de 2012, se trataba en realidad de un golpe de estado. Donde un grupo de funcionarios, rebasa a su propio partido por la derecha y crea las condiciones políticas necesarias para exterminar la oposición legislativa y unir esfuerzos en nombre de la modernidad de un país que nunca votó por la propuesta de dicho pacto.
La esencia del pacto por México fue precisamente el acuerdo unánime de los legisladores para aprobar las llamadas reformas estructurales, con las cuales la riqueza del país se remata y los servicios gratuitos como la educación y la salud se subastaban a los empresarios nacionales y extranjeros para alejar a la mayoría de la población de estos derechos.
La engañifa tuvo como lema la creación de las bases de un nuevo acuerdo político, económico y social para impulsar el crecimiento económico y la construcción de una sociedad de derechos. Los líderes nacionales de los diferentes partidos políticos: Gustavo Madero Muñoz, del PAN; Jesús Zambrano Grijalva, del PRD y Cristina Díaz Salazar, del PAN.
El gasto de la guerra contra los opositores de las reformas debe ser muy alto, pero estos números nunca saldrán a la luz pública. Porque para demostrar la fuerza de uniformados en cada marcha o conato de manifestación las calles que cubren de uniformados se requiere de mucho dinero. Pareciera que vivimos en el Chile de Pinochet, o la argentina de Videla, pero con un golpe de Estado que puede ubicarse en México con las características más puras de estas acciones opresivas y anacrónicas como la desaparición de la oposición, la manipulación de la prensa, la carencia de libertad de expresión, detenciones violentas, la militarización de las calles y caminos, la desaparición, la tortura, la guerra contra los universitarios, la cancelación de la educación pública, la detenciones de líderes, la aplicación ilegal de la leyes, la politización de las detenciones judiciales, etc.
Si hiciéramos un cuadro comparativo con las desapariciones de libertades instauradas por cualquier dictadura de los setenta en América del Sur en Chile o Argentina, veríamos comunes denominadores claros con la actual situación del país. Todos estos actos se han hecho en nombre de la buena salud de las reformas estructurales que era el objetivo más claro del Pacto por México. Y que se convierte en el emblema de la actual administración pública.
El creciente regateo de las libertades en México se refleja en la muerte violenta de periodistas, en la desaparición de reporteros a través de las redes, alternativa que desnuda la intención de los medios convencionales, así como la permanente destrucción de portales informativos y blogs por internet.
Mediante este Pacto, los signatarios acordaron impulsar acciones políticas que amplíen la libertad y la gama de derechos exigibles y efectivos para todos los mexicanos. Ha sucedido todo lo contrario desde la firma de ese documento.
La reacción de diferentes segmentos de la población contra las reformas estructurales y sus consecuencias han obligado al gobierno a utilizar métodos represivos del pasado en nombre de la modernidad.
Así, el Pacto por México, aparentemente solidario, moderno y libertario se convirtió en un pretexto para reprimir, volver al pasado y delimitar derechos, incluso la vida de los mexicanos.
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