15-08-2018
En 2016 se detuvo a 40 mil 114 niños migrantes, 17 mil de ellos no viajaban acompañados; en 2017 fueron 18 mil 67 y hasta junio de este año suman 14 mil 388.
Ciudad de México.-Es necesario fortalecer los mecanismos de políticas públicas para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes, en especial de los que son migrantes, coincidieron los especialistas que participaron en un conversatorio sobre el tema, convocado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Édgar Corzo Sosa, quinto visitador General de la CNDH, moderó el conversatorio "El interés superior de las niñas y las adolescentes en contexto de migración", con motivo de la recomendación 12/2018, la cual fue emitida por el caso de una menor de edad de origen hondureño.
Recordó que la adolescente de 13 años fue detenida por las autoridades migratorias en una estación de autobuses de Guanajuato, pero se le trasladó a la estación migratoria de Iztapalapa, conocida como "Las Agujas".
Al momento de su detención, la menor indicó que había sido víctima de violación; sin embargo, fue trasladada de todas maneras y sólo se ordenó que se le practicará una prueba de embarazo y se le brindará apoyo psicológico. Además, se determinó su retorno asistido el 24 de febrero de 2016.
Corzo Sosa indicó que de acuerdo con datos oficiales, en 2016 se detuvo a 40 mil 114 menores migrantes, 17 mil de ellos no viajaban acompañados; en 2017 fueron 18 mil 67 y hasta junio de este año suman 14 mil 388.
Mónica González Contró, abogada General de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dijo que la recomendación de la CNDH no es aislada, sino que tiene que ver con otras más generales que ha emitido el organismo.
González Contró dijo que cuatro condiciones pusieron en vulnerabilidad a la menor del caso: ser mujer, ser migrante indocumentada, haber sido víctima de un delito, y ser menor de edad que no estaba acompañada por algún adulto.
Explicó que es necesario entender el concepto de "condición de vulnerabilidad", porque el contexto es el que coloca a una persona en esa situación, por lo que destacó que a través de políticas públicas se deben reducir esas circunstancias.
"Esta recomendación pone el foco de atención en algo que tiene que ser una prioridad y como sociedad tenemos que exigir, que es fortalecer los mecanismos de políticas públicas para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes, especialmente porque a esta condición se suman muchas otras que generan mayor vulnerabilidad", afirmó.
"Necesitamos ir más allá del diálogo, necesitamos que haya un acceso a la justicia real", refirió Iliana Ruvalcaba López, consejera del Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración (INM).
Destacó que las personas migrantes no están informadas sobre sus derechos, y con los menores la situación es más compleja porque en ocasiones no denuncian que son víctimas de algún delito. Expresó que hay que darles acceso a la justicia, generar una política de protección a la infancia y ver los casos de manera particular.
"Necesitamos tener un piso parejo para después poder avanzar. Sí esto no lo atacamos ahorita y no lo atacamos de raíz, esto va a seguir sucediendo", advirtió.
José de Jesús Orozco Henríquez, miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM, contextualizó la situación al mencionar que del total de migrantes en el mundo, 63 millones, que representa 26%, están en América; 54 millones de ellos están en Norteamérica y 15% son niños y adolescentes.
Dijo que las razones por las que los menores de edad salen de su país son diversas, algunas son la inseguridad que viven, por ejemplo, por las pandillas y maras, así como por buscar mejores condiciones de vida y desarrollo.
Carlos Manzo, director general de Relaciones Interinstitucionales y de Políticas de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, resaltó que en 2014 hubo un cambio de paradigma para la protección de los niños y adolescentes; se crean la Procuraduría Federal y el Sistema Integral de Protección
Dijo que cuando se emitió la recomendación, la Procuraduría tenía un mes de haberse implementado, pero actualmente la forma de actuar de los funcionarios es distinta e incluso se va a presentar un manual para que los servidores públicos intervengan.
Aseguró que la Procuraduría ha tratado de dar cumplimiento a la recomendación emitida por la CNDH, aunque reconoció que falta mucho por hacer y son necesarios más recursos para implementar las estrategias.
Denisse Velázquez Galarza, coordinadora de programas de la Organización Internacional para las Migraciones, mencionó que ante el cambio de paradigma sobre los derechos de los menores de edad, es importante reconocer lo que se ha hecho, así como determinar qué falta por hacer.
Dijo que la estrategia debe ir encaminada a que existan garantías de no repetición y ver cuáles son las acciones que se deben tomar para restaurar sus derechos a la menor que fue violentada.
Destacó que es fundamental que se establezca coordinación entre los diversos mecanismos y conocer lo que sucede con los menores retornados, porque regresarlos a su país es como " lavarse las manos".