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¡El Grito! de las víctimas

José Buendía Hegewisch

¡El Grito! de las víctimas

Periodismo

Septiembre 16, 2018 21:46 hrs.
Periodismo Nacional › México Ciudad de México
José Buendía Hegewisch › guerrerohabla.com

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La fuerza del reclamo ha obligado a López Obrador ya no sólo a ofrecer que pedirá perdón cuando llegue al gobierno, sino también a comprometerse con la justicia

16 de septiembre de 2018

El enojo y desazón contra la violencia permanece en el ánimo de las víctimas, a pesar de promesas de cambio del próximo gobierno. Es ese movimiento contra el que ha topado la petición de perdón de López Obrador, que en respuesta ha obtenido un redoblado reclamo de justicia. Resulta difícil que se acepte la remisión de la pena merecida sin siquiera saber qué es lo que a cada uno de los miles de casos le corresponde pagar. Menos con la acumulación de números aterradores en más de una década, como el desvelamiento de nuevas fosas de desaparecidos en Veracruz o los escasísimos resultados de la justicia.

Los foros para la pacificación que realiza el equipo de transición han servido para calar la profundidad de la indignación. Es la conclusión evidente del segundo encuentro de López Obrador con víctimas, cuya demanda de justicia es un rompimiento para reconocer el grosor de la tragedia y descubrir bajo el pavimento de las cañerías la inoperancia de las instituciones de justicia. Su reclamo por la ausencia de autoridad federal o estatal que pueda investigar, perseguir y sancionar el delito.

¡El Grito! de las víctimas es el contrapunto del silencio de la justicia, que parece no haber visto pasar la crisis de derechos humanos de la última década.

Hay que destacar la participación de López Obrador por segunda vez en diálogo con las víctimas, que marca una diferencia respecto a la indolencia y distancia de los gobiernos de Calderón y Peña Nieto, para quienes han sido un daño colateral de la guerra contra el narco o mero producto de la inseguridad. Aunque, como reclamó el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, el actual gobierno no puede deslindarse de su responsabilidad con ellas. En efecto, las autoridades han abdicado de su obligación de reparar y satisfacer a miles de víctimas, familias, comunidades de los más de 100 mil muertos en el sexenio, 34 mil desaparecidos y mil 300 fosas clandestinas.

No puede porque el mensaje de las víctimas ha sido claro: Sin justicia no se podrá recuperar la paz y reducir la violencia. En el fondo es un llamado para que la Cuarta Transformación que promete pase por las instituciones de justicia, que las recibe en estado ruinoso y, sobre todo, sin el cambio de su organización interna vertical y autoritaria que impide el funcionamiento de la reforma penal.

La persistencia de la demanda de las víctimas es la mejor prueba de su falta de eficacia, de incapacidad del Ministerio Público y del trabajo de las fiscalías para cumplir con indicadores que sirven para liberar a la autoridad de las deudas con la sociedad y no para darle resultados.

Su organización interna, desde el MP hasta el vértice de las procuradurías, está construida bajo la lógica de fungir como guardaespaldas de la autoridad y por eso nada pasa cuando más del 96% de las averiguaciones concluye sin sentencia.

La inconformidad de las víctimas es por la ausencia de reparación del daño, tanto como por la simulación de hacerles creer que importan. La fuerza del reclamo ha obligado a López Obrador ya no sólo a ofrecer que pedirá perdón cuando llegue al gobierno, sino también a comprometerse con la justicia.

El tamaño del reto es inmenso porque recibe un Estado ’reprobado’ en las ediciones 2009 y 2013 del Examen Periódico Universal de Derechos Humanos de la ONU por el incumplimiento de sus recomendaciones.

La situación de los derechos humanos en el país es crítica y necesitará un giro de 180 grados de la justicia hasta poner en el centro a la sociedad y a la víctima para contener la violencia. En ese marco, Morena presentó ya una propuesta para la nueva fiscalía general, que ofrece soluciones para su estructura y organización, pero sin autonomía del Ejecutivo.

¿Es posible en esas condiciones regresar la fiscalía a la sociedad? ¿Es suficiente el cambio de procesos internos para quebrar la verticalidad y autoritarismo con que opera la Justicia? Ahí las preguntas iniciales para el próximo gobierno para saber si su promesa de cambio va en serio.

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